Por qué los centros de datos de la IA están subiendo la factura de la luz

En algunas ciudades de Estados Unidos cercanas a grandes centros de datos, la factura de la luz ha llegado a subir un 267 %. En España no hemos llegado ahí, pero la demanda eléctrica de los centros de datos crece a un ritmo de entre el 40 % y el 77 % interanual desde hace meses. Este artículo explica por qué entrenar y ejecutar modelos de IA se está notando en la factura de la luz, y qué se está haciendo al respecto. Revisado en septiembre de 2026.

Un centro de datos de IA no es un almacén de servidores cualquiera: son naves con miles de chips especializados (GPU) funcionando a la vez, que consumen y disipan una cantidad de energía muy superior a la de un centro de datos convencional. Ese salto de consumo, concentrado en pocos años y en zonas geográficas concretas, es lo que está tensionando las redes eléctricas.

¿Cuánto ha subido ya la luz en Estados Unidos?

Según datos recogidos por Xataka, la factura eléctrica media subió un 6-7 % en 2025 en EE. UU., pero ese promedio nacional esconde subidas mucho mayores en las zonas con más centros de datos: hasta un 267 % en algunas ciudades. Los centros de datos consumían el 4 % de toda la electricidad del país en 2023, y se espera que lleguen al 12 % en 2028. Solo en la red PJM —la mayor de EE. UU., que cubre 13 estados y Washington D. C.— los costes de capacidad eléctrica subieron 23.000 millones de dólares en un año.

¿Por qué acaba pagando la factura el vecino de al lado?

Porque así funciona la red eléctrica: cuando hay que reforzarla para soportar más demanda —nuevas líneas, subestaciones, capacidad de reserva para los picos—, ese coste se reparte habitualmente entre todos los consumidores conectados a esa red, no solo entre quienes la están saturando. A eso se suma un problema de transparencia: varias tecnológicas han negociado con las eléctricas acuerdos y descuentos que no siempre se hacen públicos, lo que dificulta saber cuánto de la subida paga cada parte. En Virginia, donde se concentra la mayor densidad de centros de datos del mundo, el debate ya ha llegado a varios parlamentos estatales de EE. UU. (Misuri, Ohio, Oklahoma, Florida), con propuestas para frenar nuevas construcciones.

¿Y en España?

Todavía no hay datos públicos de cuánto ha subido, si acaso, la factura doméstica por esta causa. Lo que sí mide Red Eléctrica de España es la demanda: la actividad de infraestructura informática y centros de datos (CNAE 63) creció un 55,1 % interanual en julio de 2026, después de varios meses seguidos con subidas de entre el 40 % y el 77 %. En julio, esta actividad ya aportó 0,6 puntos al crecimiento de la demanda de los grandes consumidores, el triple que en marzo.

El Gobierno se ha adelantado con una norma en tramitación: en lugar de dar acceso a la red por estricto orden de llegada, condiciona el acceso de los nuevos centros de datos a criterios como la soberanía digital, la eficiencia y, sobre todo, a que al menos el 80 % de su consumo esté respaldado por generación renovable nueva (no por la ya existente), con correlación horaria mientras las renovables no superen el 90 % del mix eléctrico.

¿Se está haciendo algo para que no lo pague la gente?

Sí, con enfoques distintos a cada lado del Atlántico. En EE. UU., la Administración impulsó a mediados de 2026 el llamado «Ratepayer Protection Pledge» («compromiso de protección al consumidor»): Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, Oracle y xAI se comprometieron públicamente a «construir, proveer o comprar» toda la generación eléctrica adicional que necesiten sus centros de datos, y a cubrir el 100 % de los costes de infraestructura y mejoras de red asociados. Michigan, por su parte, ya exige a los centros de datos contratos mínimos de 15 años en los que garanticen pagar el 80 % de la potencia contratada, para que no puedan desconectarse y dejar el coste de la infraestructura a los demás.

En España, la norma en tramitación apunta en una dirección parecida: que el crecimiento venga acompañado de generación nueva, no de exprimir la red existente a costa de todos.

Lo que todavía no se sabe del recibo

• Si el «Ratepayer Protection Pledge» se cumplirá en la práctica. Es un compromiso político anunciado en 2026, no una ley con sanciones claras y verificables; habrá que ver si se traduce en contratos concretos.
• Cuánto de la subida de demanda en España llegará al recibo doméstico. Los datos disponibles de Red Eléctrica miden la demanda de grandes consumidores, no todavía un efecto medido en la factura de los hogares.
• Cuánto durará el ritmo de construcción actual, que depende en buena parte de si el gasto masivo en infraestructura de IA se sostiene o se ajusta; lo explicamos en la burbuja de la IA.

Sobre el otro lado de esta misma historia —cuánto se están gastando las tecnológicas en IA—, puedes leer la burbuja de la IA.